La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado una orden de la Generalitat, de enero de 2015, que obligaba a Airbnb a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Cataluña, lo que acredita su legalidad como vivienda turística.
