Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/10/2009 20:24

Declaran ante la Guardia Civil dos concejales de Almogía por las presuntas irregularidades urbanísticas

   Dos ediles del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almogía (Málaga) acudieron hoy a declarar ante la Guardia Civil por las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en dicha localidad, según informaron fuentes cercanas al caso.

   Ambos, tras declarar en presencia de sus abogados, salieron como imputados por el delito de prevaricación, según señalaron a Europa Press las fuentes. Además, durante la tarde comparecieron otros dos funcionarios.

   El alcalde y diputado provincial, Cristóbal Torreblanca (PSOE), fue citado a declarar anoche ante la Policía Judicial, tras lo que salió imputado por los delitos de prevaricación urbanística, en relación a órdenes de paralización y concesiones, y por falsedad documental.

   Agentes de la Guardia Civil comenzaron el pasado miércoles a tomar declaración a personas en relación con esas supuestas irregularidades y está previsto que comparezcan ante los investigadores al menos una veintena de personas. Por el momento, han comparecido al menos 10.

   La Guardia Civil inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investiga la existencia o no de otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas, lo que, como confirmaron otras fuentes del caso, pretenden comprobar con la documentación intervenida en el registro del Ayuntamiento y las declaraciones de los investigados.

   Dicho registro se desarrolló el pasado martes por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que iniciaron la investigación, y de la Policía Judicial. También requisaron varios expedientes del archivo que existe en la Casa de la Cultura, donde se encuentran documentos de más de tres años de antigüedad.

   Los agentes de la Benemérita están investigando desde hace varios meses a miembros de la Corporación y a funcionarios municipales y con el registro en el Ayuntamiento se pretendía confirmar con documentos esa investigación, ya antes bastante extensa. El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, encargado del caso, tiene decretado el secreto de sumario.

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