Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/12/2009 15:16
El ex coordinador del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y actual presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes, opinó hoy que la aplicación de la objeción de conciencia por parte del galeno, una medida que piden colectivos del ramo como el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, supondría "un delito de lesiones por omisión del deber del socorro" en pacientes que se encuentra en una fase terminal de su vida "y en situación de agonía".
Montes, quien hoy compareció en rueda de prensa en Sevilla para mostrar el apoyo de su asociación a las enmiendas que el grupo de IU en el Parlamento andaluz elevará al proyecto de Ley de Muerte Digna, dijo "no entender a nivel médico y ético" el que un facultativo pida acogerse a la objeción de conciencia a la hora de aplicar la llamada eutanasia indirecta en un enfermo terminal en agonía, "ya que si se niega a tratar la agonía y sus síntomas refractarios, estamos ante una mala práctica médica y un delito de lesiones por omisión".
Además, sostuvo que, si bien la eutanasia activa y el suicidio asistido son figuras tipificadas como delito en el Código Penal y corresponde a las Cortes Generales el atender a una posible modificación, la eutanasia indirecta es una figura "que ya está despenalizada".
"El hecho de que un ciudadano pueda morir con sufrimiento se entiende como un delito de lesiones por omisión del socorro", enjuició Montes, quien argumentó que, "si a nivel jurídico y ético --la eutanasia pasiva indirecta-- es una buena práctica médica, no entiendo a que se puede objetar, si no es a la idea".
En cuanto a la eutanasia activa y el suicidio asistido, urgió a que estas figuras "se legalicen con un compromiso político claro", un solicitud que el vicepresidente de la misma asociación DMD, Fernando Marín, sustentó tras advertir que la eutanasia activa "ya existe".
"Lo que se está poniendo encima de la mesa es si queremos que esta práctica se convierta en un derecho regulado por ley, con todas sus garantías y salga de la clandestinidad", declaró Marín, quien, de hecho, sostuvo que "aproximadamente el 0,4 por ciento de los fallecimientos que se registran anualmente en España, unos 1.500 al año, se producen por eutanasia".
"SE MUERE MAL EN ESPAÑA"
De igual modo, Marín apostó por el desarrollo de legislaciones que abran la eutanasia a la práctica clínica, al entender que "se muere mal en Andalucía, España y, en general, en todos los países desarrollados".
Para dicho agente social, el desarrollo tecnológico de la medicina "ha dejado al margen el proceso de morir", un extremo que "choca frontalmente con la autonomía de los ciudadanos", de los que dijo "siguen siendo ciudadanos de pleno derecho y exigen ser protagonista de su proceso de morir cuando se convierten en pacientes por estar enfermos".
ERRADICAR EL PATERNALISMO
Marín defendió conciliar la autonomía del paciente con la tecnificación de la medicina, de la que advirtió "ha estado sometida hasta la fecha al paternalismo médico". Frente a ello, apostó por una relación más horizontal y comunicativa, "que es lo que trata ahora de concretar este proyecto de ley" andaluza de Muerte Digna.
En cuanto a la variabilidad en las formas de actuar, según que administraciones, aplaudió la actuación de la Junta de Andalucía en el caso de Inmaculada Echevarría, mientras que acusó de "infamia" lo que se hizo en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
En su opinión, esta variabilidad "demuestra que hay que seguir avanzando en la consolidación de los derechos del paciente y en que una vida digna no finalice con una muerte indigna, con una mala muerte".
De otro lado, se refirió al hecho de que en cualquier ámbito, inclusive el jurídico, "no existe el derecho a no ser informado", un precepto, por contra, "que sí se recoge en el ámbito sanitario" y que en su opinión "es una rémora de ese paternalismo médico".
IU, CONDICIONAMIENTO A LA LEY
Por su parte, el portavoz en materia sanitaria del grupo parlamentario de IULV-CA, José Manuel Mariscal Cifuentes, recordó, tal y como ya anunciase en el Pleno de la Cámara el diputado de la misma formación Pedro Vaquero, que el condicionamiento de su grupo al proyecto de Ley de Muerte Digna en Andalucía dependerá de si se apoya o no el incluir la objeción en la norma.
"Si se cruza esa línea roja --en referencia a la incorporación de la objeción en la ley-- reflexionaríamos si damos nuestro apoyo a la ley, aunque seguramente obtendrían el no a nuestro apoyo", avisó.
En cuanto a las enmiendas elevadas por esta formación, que afectan a un total de nueve artículos de este proyecto de ley, destacó la introducción, además, de dos disposición adicionales. En una de ellas, se pide a la Consejería de Salud que "elabore, en el plazo de un año y de forma anual a partir de éste, un estudio cualitativo sobre cómo mueren los andaluces, lo que permitirá evaluar la aplicación y efectos de la presente ley".