El PP-A exige a De Llera que reanude de forma inmediata la asistencia jurídica a los presos andaluces

Actualizado 24/05/2013 15:53:16 CET

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Juan Ramón Ferreira, ha exigido este viernes al consejero de Justicia, Emilio De Llera, que reanude de forma inmediata la asistencia jurídica penitenciaria "poniendo fin a la indefensión que sufren desde hace un año más de 16.200 presos andaluces por la supresión del servicio por parte de la Junta".

Ferreira defenderá la próxima semana en la Comisión de Justicia de la Cámara una proposición no ley que insta al gobierno andaluz a reanudar los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), así como a firmar convenios con los Colegios de Abogados para prestar estos servicios, según informa el PP-A en un comunicado.

El portavoz popular ha considerado que este es un recorte que vulnera el derecho a la defensa de los más débiles, "ya que la mayoría de los personas que están en las prisiones andaluzas no disponen de recursos económicos para costearse un abogado y, por tanto, llevan una año sin asesoramiento ni defensa para cuestiones que les afectan diariamente".

No obstante, ha dicho confiar en que el consejero de Justicia "recapacite y muestre sensibilidad en este asunto que hasta el momento ha rechazado". "El compromiso social con los más débiles se demuestra con hechos y Andalucía se está quedando sola en la supresión de un servicio que en las comunidades en las que el gobierna el PP se presta a toda la población reclusa", ha añadido.

Ferreira ha recordado que los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atienden necesidades de la población reclusa que no son atendidas desde ninguna otra instancia, por lo que, "con este recorte se les está imponiendo una condena añadida haciendo mucho más difícil su estancia en prisión".

Ha asegurado que se trata de cuestiones tan básicas como facilitar su derecho a una cita médica especializada o la atención a las madres implicadas en un proceso de retirada de custodia de sus hijos, recordando que multitud de asociaciones e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía o el Colegio de Abogados de Sevilla han denunciado la retirada de este servicio y han pedido su reanudación.

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