MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Trabajo Social han presentado un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación de las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de desahucios.
Los presidentes de los dos organismos, Carlos Carnicer y Ana Isabel Lima, respectivamente, han resaltado que ambos son "sensibles" con los problemas sociales y han recalcado que, como su ejercicio profesional está próximo a las demandas de la sociedad, han decidido unir fuerzas en este proyecto común que ya está en funcionamiento en varios municipios gracias a acuerdos entre la Administración Pública y Colegios de Abogados.
Así, la Abogacía Española y Trabajo Social han solicitado al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación previo a la interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria "para abordar de manera integral el problema de la pérdida de la vivienda".
El modelo de oficinas propuesto se basa en la "estrecha" colaboración entre los Colegios de Abogados y los servicios sociales públicos. Trabajo Social se ha comprometido a aportar los instrumentos y formación sobre las técnicas necesarias para realizar un "buen diagnóstico y pronóstico social específico". Por su parte, la Abogacía aportará su experiencia jurídica en materia procesal e hipotecaria, así como en técnicas de negociación.
Los beneficiarios de esta iniciativa son personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en los municipios propietarias de una vivienda que esté o pueda verse afectada por situaciones de riesgo residencial que puedan derivar en desahucios. Según ambos consejos, el proyecto generaría un ahorro "muy significativo, ya que de los más de 7.000 euros que cuesta el proceso judicial de ejecución hipotecaria, se pasaría a un máximo de 350 euros".
