Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 13/05/2009 13:08
PARIS, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La ley que penaliza las descargas ilegales en Internet superó hoy su último trámite parlamentario al ser aprobada por el Senado francés por 189 votos a favor y 14 en contra, un día después de recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional y tras meses de intensos debates.
El polémico texto 'Creación e Internet' con el que se busca defender los derechos de autor contempla la desconexión de la Red durante un periodo de tiempo que puede ir de los dos meses a un año para aquéllos que pirateen contenidos de forma ilegal.
Una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) será la encargada de aplicar una "respuesta gradual" a los internautas infractores.
Así, el 'pirata' recibirá primero un correo electrónico advirtiéndole de su falta, luego un segundo correo acompañado de una carta certificada y, en caso de reincidir, una comisión integrada por tres jueces podrá ordenar que se le corte su acceso a internet.
El infractor tendrá la posibilidad de negociar que la suspensión se limite a entre uno y tres meses, pero para que no esquive la sanción simplemente cambiando de compañía, habrá una 'lista negra' de abonados dados de baja por este motivo.
Además, el internauta deberá seguir pagando su abono al proveedor durante el periodo que dure la sanción, una medida conocida como 'doble pena' y que ha sido duramente criticada.
Despejado el trámite parlamentario, quienes realicen descargas ilegales podrían comenzar a recibir los primeros correos de advertencia de la Hadopi en otoño y, en caso de reincidir, los primeros cortes de acceso a Internet podrían pronunciarse a principios de 2010.
El ponente de la UMP Franck Riester asegura que el sistema para que la desconexión sea efectiva estará listo a principios del próximo año, pero los proveedores y los profesionales del sector son menos optimistas.
En cuanto la ley entre en vigor, discográficas y sociedades de producción podrán transmitir a la Hadopi las direcciones de los internautas sospechosos de realizar descargas ilegales.
Los críticos ponen el acento en que se invierte la carga de la prueba porque es el internauta el que tiene que demostrar que no ha realizado descargas ilegales y a quien corresponde vigilar lo que pasa en su conexión, porque es el titular de la línea quien se verá privado de acceso.
Para evitar ese riesgo, la ley prevé un programa de seguridad, de pago, para filtrar las conexiones y bloquear el acceso a determinados sitios conocidos por difundir vínculos hacia ficheros pirateados, pero este programa es de momento teórico.
Otra cuestión es cómo hacer compatible el corte a la red con las ofertas triples que combinan el servicio de internet, teléfono y televisión, algo que los operadores de telefonía consideran técnicamente complejo y, por lo tanto, que llevará su tiempo poner en marcha.
EFECTO PERVERSO
La ley, que suscita la reprobación casi unánime de los internautas y el escepticismo del sector informático, tiene ya su efecto perverso porque en la red proliferan desde hace semanas textos, páginas web e incluso sitios de Internet explicando a los internautas poco experimentados en cuestiones tecnológicas cómo sortear sin dificultad los dispositivos de lucha contra la piratería.
Además, dos incógnitas pesan todavía sobre su futuro. En primer lugar, la de la Eurocámara, que considera el acceso a la web como un derecho fundamental y, por tanto, que para privar a un ciudadano del mismo, tiene que mediar una orden judicial.
En segundo lugar, queda por ver si el Consejo constitucional francés valida el texto tal y como está, un veredicto que se conocerá en las próximas semanas.