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A través del Proyecto Argos IV
La Asociación de empleados de Iberia Padres de Minusválidos (APMIB) ha informado este jueves que insertará a 37 personas con discapacidad al mercado laboral a través del Proyecto Argos IV.
de los que ya tienen la prestación
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado que el Gobierno ha congelado los beneficiarios de la dependencia para "mantener la calidad y los servicios de aquellos que tienen la prestación" y ha explicado que la intención del Ejecutivo es "garantizar la calidad de los servicios de dependencia y extenderlos a todas las personas que sufren".
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, considera que con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia "en vez de construir un pilar del bienestar social, se han construido 17 columnas distintas" y por eso propone medidas para unificar la asistencia a nivel nacional, creando un único catálogo de servicios, unificando el baremo de valoración y estableciendo los mismos criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, considera que el envejecimiento progresivo de la sociedad española va a exigir "reformas para garantizar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y el de protección social", según ha declarado en la presentación del cupón de la ONCE conmemorativo del Año Europeo del Envejecimiento Activo para el sorteo de este fin de semana.
PROPUESTA DE LA PONENCIA SOCIAL
El Partido Popular apuesta por promover un mayor uso del servicio de teleasistencia y de la atención domiciliaria para aquellos mayores dependientes que quieran permanecer en su domicilio, así como garantizar a estas personas más capacidad de elección en las prestaciones y servicios que garantiza la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El 80% de solicitantes tiene derecho a ello
El presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, considera "no es lógico" que Castilla-La Mancha, como ya hace Murcia, quiera cobrar 20 euros por cabeza a quienes se sometan a la evaluación para saber si son o no dependientes y de qué nivel, porque "el 80% de los evaluados resultan tener derecho" a la ayuda.
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