MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Afectados por el cierre de los centros ocupacionales Magerit, Fray Bernardino y Centro de Atención a Discapacitados de Arganda del Rey se han concentrado a mediodía de este viernes a las puertas de la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol y han entregado 11.000 firmas de apoyo.
Medio centenar de personas se han concentrado frente al Gobierno regional portando varias pancartas en las que se podían leer lemas como 'No al cierre de centros ocupacionales. Soluciones ya', 'Por el respeto a personas con discapacidad, no al cierre de centros públicos, no al hacinamiento' y algunos carteles en los que se podía leer 'El Magerit no se cae. Especulación, privatización', 'Centro Ocupacional Magerit. No al cierre' o 'Así gestionan centros y personas'.
Además, la plataforma de afectados ha entregado en la sede de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en la calle O'Donnell de la capital, 253 firmas solicitando la dimisión del gerente del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS), Américo Puente, por su gestión en la urgente clausura de estos tres centros, que la Comunidad de Madrid preavisó con 48 horas de antelación alegando "garantizar la seguridad" de usuarios y trabajadores.
Una treintena de afectados se han concentrado a las puertas de la Consejería mientras se hacía entrega de las firmas con carteles en los que se podían leer consignas como 'No al cierre del C.O. Magerit' o 'Reformas sí, cierre no'.
El portavoz de la plataforma, Luis Álvarez, ha explicado a Europa Press que el objetivo de la concentración y la entrega de firmas pasaba por solicitar la dimisión del gerente y pedir un encuentro con la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo.
Según Álvarez, quienes siguen con esta protesta 17 días después están "mal, cansados" y tienen que afrontar a diario "muchos problemas" que surgen como consecuencia del cierre de los centros y el traslado de los usuarios.
Por su parte, fuentes de la Consejería han asegurado a Europa Press que "no es cierto" que esta plataforma represente a "tantas familias" y que este grupo de personas "no son representantes legales de las familias de afectados sino sólo 30 personas".
"La Comunidad llegó a acuerdos con la mayoría de familias y con los sindicatos CC.OO. y UGT, con los que se han establecido mecanismos de colaboración. Lo que pide la plataforma es inviable porque no garantiza la seguridad de los usuarios", ha asegurado un portavoz de la Consejería, que ha añadido que "el mal estado de los centros está ratificado por un informe de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y que la mayoría de los usuarios están ya instalados en los otros centros".
