Los dos principales sindicatos policiales han valorado el auto de la Audiencia Nacional en el que se reprocha al juez del 'caso chivatazo' las "inconsistencias" de su instrucción al tiempo que le ordena "diligencias complementarias". El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) lo ve una decisión "valiente" que "restablece la confianza en la Justicia", mientras que desde la CEP temen que "se pone muy cuesta arriba el esclarecimiento" de los hechos.
"Es una decisión de Justicia independiente, muy valiente que vuelve a restablecer la confianza ante la Justicia sobre la que algunos empezábamos a dudar", ha dicho a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien ha defendido que "habría que empezar de nuevo a releer el sumario".
Centra sus sospechas en el principal investigador policial, el entonces inspector Carlos Germán. Fornet recuerda que hay informes en la investigación que acreditan cómo hasta en tres ocasiones este mando policial intentó que no se desarrollase la operación contra la red de extorsión de ETA que operaba en el bar Faisán de Irún que finalmente se frustró por la existencia del chivatazo.
También asegura que Carlos Germán realizó una llamada de cinco minutos a uno de sus subordinados en las mismas horas en las que la investigación oficial sitúa la delación o que no constan los posicionamientos del teléfono móvil de este mando policial a partir de las 10 de la mañana del día de los hechos. En ese sentido, se pregunta Fornet por qué ninguno de los tres jueces que se han hecho cargo del caso, Fernando Grande Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz, no ha realizado en estos cinco años ninguna diligencia al respecto.
"EL AUTO DESAUTORIZA A TRES JUECES"
Por su parte, el secretario general del CEP, Ignacio López, ha hecho especial hincapié en resaltar que este último auto de la Sala de lo Penal supone "una desautorización rotunda y absoluta de la labor realizada por los tres jueces investigadores, algo que, dice, "pone en tela de juicio la rigurosidad y el buen hacer de la Audiencia Nacional". "Nos genera intranquilidad", apostilla.
López asegura que no quiere pecar de pesimista, pero advierte de que la tarea que se le ha encomendado al juez Ruz tras este auto es "muy ardua" y, aunque desea que las gestiones se hagan "lo más rápido posible", asume que "cinco años después de los hechos, se pone muy cuesta arriba el esclarecimiento de los hechos".
"Sólo se pueden determinar secuencias de llamadas y posicionamientos de teléfonos móviles. Creemos que es prácticamente imposible saber el contenido de la llamada cinco años después", ha añadido el máximo responsable de la CEP, quien ha anunciado que en caso de que la investigación se quede en nada, "se pedirán explicaciones acerca de por qué se ha mantenido durante cinco años una investigación que carecía de rigor".