El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que la decisión de dejar en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval a las restricciones sanitarias aprobadas por las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma declarado por la pandemia de coronavirus menoscabó el principio constitucional de eficacia al que está sujeto la actuación de las administraciones públicas.