Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 06/09/2010 12:38
El secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, y el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, han pedido a los partidos políticos andaluces y a la Mesa del Parlamento andaluz que no fechen ningún pleno para el 29 de septiembre, día de la Huelga General, para que los trabajadores de dichos organismos puedan acudir a la manifestación.
En rueda de prensa en Huelva, acompañados del secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, y del secretario general de CCOO en Huelva, José Delgado, ambos secretarios generales anunciaron que explicarán a los delegados sindicales de la provincia onubense los motivos que les llevan a la huelga para "dinamizar" la manifestación y "asegurar que sea todo un éxito".
"Los últimos datos del paro demuestran que las medidas de reforma del Gobierno de Zapatero generan más paro y mayor precariedad, lo que manifiesta la ineficacia de la reforma, cuyas consecuencias negativas acaban de empezar y empeorarán el día 9 cuando se apruebe en el Congreso", apuntó Carbonero.
Asimismo, indicó que es "incierto" que estos recortes se hagan en beneficio de los trabajadores y recordó que del 1.100.000 parados que hay en Andalucía, 350.000 "ya no cobran nada". "El 32 por ciento cobra un desempleo contributivo; el resto no cobra o cobra algún subsidio", apuntó.
En este sentido, pidió a los partidos políticos un "ataque de cordura y valentía para incrementar los ingresos con una política fiscal diferente y un combate contra la economía sumergida y el fraude fiscal".
Por su parte, Pastrana aseguró que la reforma "supone el inicio de la senda hacia un mercado laboral más desregularizado y débil", que no protege a los trabajadores y que va "en favor de los intereses económicos de quienes consideran que los servicios sociales son un mercado al que hay que meter mano".
Pastrana criticó, además, que desde el Gobierno "se está jugando a la desinformación y la desmotivación" de la huelga. "Secundar la huelga va a suponer que el Gobierno y los futuros Gobiernos no van a poder continuar con las reformas y tendrán que dar marcha atrás porque nadie puede gobernar contra los intereses de la mayoría de la sociedad", concluyó.