El Defensor del Pueblo ha actuado de oficio en distintos asuntos medioambientales como el aeropuerto de Castellón, la muerte masiva de abejas por la utilización de fertilizantes, cuestiones en materia de minas, la compra de derechos del agua para proteger el acuífero 23 del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o el mercado de los derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.