CÁDIZ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado una organización presuntamente dedicada a la construcción ilegal de viviendas en El Puerto de Santa María (Cádiz) en la denominada operación 'Juncal', en cuyo marco fueron detenidas tres personas e imputadas otras 25.
Según explicó la Junta en un comunicado, en la causa están encartadas 28 personas por su presunta participación en los delitos contra ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes; todo ello por la construcción y venta fraudulenta de viviendas ilegales, así como por la constitución de préstamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas, en el conocido como pago Los Desmontados de la localidad portuense.
El Grupo de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía desarrolló la operación desde el pasado mes de julio bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, Juan José López Marchena, quien mantuvo las diligencias bajo secreto de sumario hasta hace pocos días.
En la operación también se contó con la colaboración del grupo Udyco III de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz, a quién el Juez encargó la investigación de un supuesto blanqueo de capitales que habría cometido por esta organización desarticulada.
LA ORGANIZACIÓN
Entre las 28 personas detenidas e imputadas se encuentran el promotor-constructor, cuatro arquitectos, el director de una entidad bancaria, un jefe de obras, cuatro personas interpuestas que actuaban como testaferros para la obtención de los préstamos hipotecarios y un funcionario.
Según indicó, la organización estaba estructurada de forma piramidal constituyendo una asociación ilícita integrada principalmente por tres personas: el promotor, el jefe de obras y uno de los arquitectos, ya detenidos en reiteradas ocasiones.
Las construcciones ilegales realizadas en el pago Los Desmontados afectaban a un total de 13 chalés con parcelas de aproximadamente 350 metros cuadrados, y dos parcelas pendientes de construcción, siendo la superficie total de la zona donde se ubican las viviendas de 5.000 metros cuadrados y el valor estimado de venta podría alcanzar la cantidad de cuatro millones de euros.
INFORMES FALSOS
Las pesquisas policiales determinaron que en 2002 la empresa 'Los Viñazos' adquirió la practica totalidad de la parcela de 5.000 metros cuadrados de Los Desmontados a "muy bajo precio", ya que estaba catalogado como suelo de sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo, y donde no estaba autorizada la construcción de viviendas.
La finca fue sometida a división horizontal con una certificación falsa que permitió dividirla en 14 viviendas registrales con una antigüedad de cinco años, y que no existían en la fecha de constitución de dicha escritura.
A continuación, la organización inició la construcción de distintas viviendas unifamiliares aisladas o chalés y su venta a particulares, algunas de ellas puramente ficticias para eludir los expedientes administrativos del Ayuntamiento de El Puerto.
La Junta destacó que incluso llegaron a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las mismas, aún en fase de terminación.
Asimismo, explicó que la empresa reseñada solicitó préstamos hipotecarios sobre cada una de las viviendas a construir, por un montante de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones crediticias presentó informes de tasación falsos, realizados en algunos de los casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción.
Actualmente, de los préstamos hipotecarios concedidos, siete de ellos dejaron de abonarse, ocasionado un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria superior a los 800.000 euros, y dos de los prestamos fueron liquidados.
Finalmente, expuso que las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, ante quien volvieron a declarar los detenidos e imputados, levantándose por la autoridad judicial el secreto del sumario.
