El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que un Estado miembro puede tener en cuenta una detención policial para restringir el derecho de un ciudadano europeo a circular y residir libremente en un país miembro de la UE, siempre y cuando su conducta pueda suponer una "amenaza" para los intereses fundamentales de la sociedad de acogida.
