Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia, junto a la ciudades de Ceuta y Melilla, no ejecutaron el presupuesto transferido por el Ministerio de Igualdad en 2022 para la puesta en marcha de acciones de formación especializada en prevención y detección de explotación sexual y trata a los equipos profesionales que intervienen en los centros de menores.